31 de Mayo de 2011
Fuente: CincoDías.com
Diferencias con la normativa
La noticia fue recibida con agrado en el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti) y aplaudida nuevamente ayer por el Consejo General y en la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales, que aprovecharon la entrega de los quintos Premios Nacionales de la Ingeniería para mostrar al Príncipe sus discrepancias con la normativa.
La presión entre los colegios y consejos con el objetivo de aplazar la tramitación de la nueva ley parece haber calado en el Ejecutivo. A excepción de los médicos y abogados, que serían, según el borrador previo al anteproyecto, los únicos perfiles que salvaguardarían su estatus actual y mantendrían la colegiación obligatoria, siempre y cuando no se ejerciera en la Administración pública, el resto debería funcionar con la voluntaria, incluidos los arquitectos.
Pero para estos y para los que se dedican a la edificación, el ministro precisó que "se mantendrá la obligación de inscripción en un registro administrativo". Jáuregui, ingeniero técnico de profesión y abogado, también anunció que el Gobierno pretende eliminar las actuales "segmentaciones verticales" entre los dos niveles de ingeniería, que implica primer y segundo ciclo, con el objetivo de que "la reserva de actividad solo se realice para ingenieros, en general", señaló.
Ante esta propuesta, el presidente de los ingenieros industriales, Francisco Javier Cobo Valeri, volvió ayer a criticar esta posibilidad. "Se implanta en la sociedad ese sentimiento de para qué esforzarse y superarse, o perder el tiempo formando cierta élite intelectual si, finalmente, todo el mundo acabará siendo igual", apostilló.
No es de lo único que se quejan, también critican la desaparición del visado. Por su parte, otras profesiones se sienten molestas por que el Gobierno no les haya hecho partícipes del nuevo texto. "Solo nos ha informado pero no ha creado un debate", aclaran. "No ha ocurrido como en Francia, Alemania o Bélgica, donde se puso en marcha una plataforma entre profesionales y Gobierno para alcanzar un consenso, algo que sí se llevó a cabo con la Ley de Sociedades Profesionales de hace tres años", matizan.
Pero el Gobierno mantiene claras sus propuestas. Piensa que hay una regulación excesiva en gran parte de las profesiones, destacando, sobre todo, a las ingeniarías. Su objetivo es reducir las reservas de actividad en un 50% como mínimo. "Tenemos que reservar profesiones para el ejercicio profesional solo cuando la actividad genere un riesgo sobre la salud, la seguridad, cuando haya necesidades objetivas", informó Jáuregui. La clave ahora es si se llegará a tiempo.
Los ingenieros elevan su malestar al Príncipe
Los decanos del Consejo General de Ingenieros Industriales elevaron ayer, en la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial, sus quejas al Príncipe por el "injustificable" trato que la profesión está sufriendo con las polémicas actuaciones del Gobierno.
En este sentido, destacaron ante don Felipe "la desaparición de visado profesional, la diáspora de titulaciones en perjuicio de la calidad de enseñanza, la utilización de denominaciones equívocas de titulaciones, como Ingeniería de la Edificación, o los títulos de Ingeniería que otorga el Ministerio de Defensa, así como la propuesta de "ingeniero único" que plantea la Ley de Servicios Profesionales.
El presidente de los ingenieros industriales, Francisco Javier Cobo Valeri, explicó que "realizar experimentos con la ingeniería, y en particular con la industrial, evidencia la ausencia de prioridades, criterios y conocimientos de quienes emprenden algunas reformas".
Desde su punto de vista, incuestionable resulta que la aplicación de Bolonia haya derivado en la existencia en España de 595 títulos con denominaciones diferentes de grado y máster, tan solo en el área de ingeniería y arquitectura. "Un disparate, resultado de la irresponsabilidad de universidades que ofertan títulos sin disponer ni de los medios humanos ni materiales necesarios; de comunidades en las que prima la cantidad de estudios frente a su calidad; de una Aneca que no cumple eficazmente su papel de supervisión, y de un Ministerio de Educación que justifica su inacción en la autonomía de la universidades y en competencias en política universitaria transferidas a las comunidades", sentenció. Este consejo representa a más de 45.000 profesionales.
