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Fuente: CincoDías.com

El objetivo es claro: drenar el excedente de viviendas sin vender ni alquilar que los cálculos más optimistas elevan a 700.000. Cómo se logra no es tan fácil. Unos abogan por que el Estado compre las casas en manos de bancos y promotores a cambio de deuda pública y saque después esos inmuebles en régimen de alquiler a precios asequibles. Otros opinan que el problema generado por el exceso de especulación no pueden sufragarlo todos los ciudadanos. Las entidades suspiran por sacar los activos tóxicos de sus balances y crear con ellos el denominado banco malo.

En cualquier caso, hasta que el sector financiero no dé por resuelto el problema, el crédito no volverá a fluir. Los expertos coinciden: sea cual sea la solución que se adopte, lo ideal es que sea la de menor coste para la banca para que de ese modo ésta vuelva a prestar dinero en condiciones razonables a empresas y familias.

Sin esa premisa, que haya crédito, nada de lo que pueda plantearse tendrá sentido. Las empresas promotoras, salvo contadas excepciones, necesitan financiación sí o sí para volver a edificar allí donde ya casi no hay stock (que aunque parezca increíble comienza a haber lugares con demanda de casas nuevas). Los hogares necesitan hipotecas para financiar la compra de sus casas. Y las empresas ajenas al sector inmobiliario imploran poder obtener crédito para capear los efectos de la crisis y los estragos de la elevada morosidad. Una vez que se consiga restablecer el flujo de dinero, todo será más fácil, pero aún quedará la otra gran tarea que los ciudadanos han demandado a los políticos en esta campaña electoral: evitar la formación de nuevas burbujas.

Y de nuevo la encrucijada. Dicen los analistas que otro proceso especulativo solo será imposible si se logra dar respuesta rápidamente a la demanda de vivienda (para toda clase de rentas), pero ¿cómo? Primero reformando el proceso de transformación del suelo de tal manera que se eviten las corruptelas que propiciaban los eternos plazos de clasificación y concesión de licencias. Y, por supuesto, promoviendo un cambio integral del sistema de financiación local. Si a los ayuntamientos se les brinda la oportunidad de recaudar por otras vías, se olvidarán de volver a hacerlo con el suelo y el ladrillo. Pero claro, ambas son reformas estructurales de esas que exigen los mercados y requieren un amplio consenso político si se quiere que perduren en el tiempo y, por tanto, sean de verdad efectivas.

Con crédito, suelos bien gestionados a disposición del mercado para edificar y municipios sin dependencia de la vivienda, todo lo que queda será coser y cantar. Por ejemplo, dar solución a la demanda de alquiler será posible gracias a esa mayor cantidad de terrenos a buen precio. Y con un aumento del arrendamiento, los precios de compra tenderán a estabilizarse.

Completaría ese círculo virtuoso el establecimiento de medidas que sean capaces de frenar los procesos de desahucio por impago hipotecario. Los sociólogos recuerdan que quienes pierden su casa, el principal patrimonio de las clases medias, contraen un elevado riesgo de exclusión social. Así que, es perentorio regular mecanismos que contemplen otras soluciones a los impagos y releguen el desalojo a la última opción.