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Fuente: ABC.es

La vivienda usada siempre ha sido más vendida que la nueva, tal y como muestra la mayoría de las estadísticas oficiales de la compraventa de viviendas. En los tiempos que corren, no todo el mundo puede permitirse el lujo de formalizar una hipoteca y menos de una vivienda sin muchas posibilidades de negociación. Por eso, los expertos señalan que la adquisición de un piso de segunda mano, relativamente viejo y situado en pleno centro de la localidad, es la mejor opción de compra en estos momentos. La razón es que conlleva menos cargas financieras y se puede negociar mejor su precio de compra.

Los años de antigüedad pueden ser un factor que juegue en favor de los compradores actualmente, ya que estos inmuebles suelen necesitar alguna reforma. Por eso, se amplía el abanico de posibilidades para poder rebajarlos a la hora de negociar su compraventa. “Como vivienda de segunda mano que es se puede negociar su precio final con más margen que en los pisos nuevos. El porcentaje de descuento máximo depende de si el piso antiguo está reformado o no, pero puede oscilar entre un 10 y un 15%”, nos comenta Juanjo Bueno, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Más de 30 años, demasiado vieja

Asimismo, también depende de la situación personal del vendedor y de que si le urge la venta. En esos casos, se puede llegar a aplicar un descuento aún mayor. El aspecto de conservación de la vivienda también es fundamental a la hora de fijar el precio. La superación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) debe ser un mínimo indispensable, ya que si se compra una casa muy barata, pero sin los mínimos requisitos de habitabilidad, los costes posteriores para reformarla y llevar una vida mínimamente confortable pueden dilapidar tu poder adquisitivo.

El analista independiente, experto en el sector inmobiliario, José Barta, señala que “se deberá tener en cuenta su estado de conservación, que no solo es el de decoración, es decir, que esté mejor o peor pintada, etc., si no que deberá asociarse a la antigüedad de las instalaciones de agua, electricidad, acometidas, etc.”. Asimismo, especifica que el criterio válido por el que las mismas debieran renovarse, es de un máximo de 30 años, de lo contrario, Barta avisa que se podría entrar “en una dinámica de reparaciones permanentes, que suelen suponer un importe acumulado, en dinero y molestias, superior a la necesaria reforma”.