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Fuente: Real Estate Press, S.L.

Los bancos españoles, que prestaron de forma alegre y en cantidad desproporcionada al sector inmobiliario, tienen ahora en su balances inmuebles, préstamos en mora y subestándar, por valor de 176.000 millones de euros  que, en el mercado, valen mucho menos del valor con el que figuran en sus libros.  Los ingleses llaman a estos activos “underwater” y otros los designan como activos tóxicos. En realidad se trata de activos que no tienen mercado a su precio contable, ya que sus propietarios no pueden asumir de golpe las pérdidas que le ocasionaría tal enajenación, por lo que optan por ir provisionando en el plazo máximo que les permiten las normas que les afectan, a cambio de sufrir las consecuencias de mantener unos activos improductivos y que, además, van perdiendo valor.

La evolución de los precios y la caída del número operaciones ha frustrado las expectativas que se habían formado sobre la duración y profundidad de la crisis inmobiliaria, una vez transcurridos cuatro años desde su inicio.

Ante tal perspectiva, bancos y promotores, a través de sus lobbies, vienen  ponderando, cada vez con más fanfarria, los beneficios que se derivarían para la economía española  si se vertiera toda esta basura, que lleva tres años sin poderse limpiar, sobre las cabezas de los ciudadanos, a razón de 3.750 euros de deuda  por habitante, mediante la creación de un vehículo público que los compraría con deuda del Estado, a un precio próximo al que figura en libros.

A tal vehículo se le viene llamando banco malo, aunque algunos usan el eufemismo de “fondo para la reestructuración de activos financieros para referirse a él.

Para  cuantificar tal dislate, decir que a 30 de septiembre el total de la deuda pública española  ascendía a 576.026 millones de euros, según el Tesoro Público, por lo que la emisión que habría que realizar sería un 30 por ciento de la actual, situando el ratio Deuda Pública/ PIB  en el 72 por ciento, además se adquiriría el compromiso de hacer frente a lo rendimientos de esta deuda que no sería inferior a  los 8.000 millones de euros anuales. El aumento de la deuda y su servicio contribuirían a empeorar la posición de la deuda española en los mercados, que no parece lo más adecuadoen estos momentos.

Algunos de estos lobbies consultados, admiten que como es difícil de digerir semejante cuantía, por parte del Estado, se podría recurrir al Fondo de Rescate Europeo, lo que no deja de ser un brindis al sol, dado que, por ahora, está diseñado, pero sin fondos, toda vez que los países emergentes invitados a participar prefieren hacerlo a través del Fondo Monetario Internacional, FMI, con el fin de ganar influencia en el mismo, antes que quedarse como meros inversores en el Fondo de Rescate Europeo.

Además, los beneficios de asumir tales riesgos son dudosos. Sitien es cierto que los bancos liberarían unos 30.000 millones de euros con los que han provisionado su riesgo inmobiliario, tienen otras prioridades antes de dejar que fluya el crédito a familias y pymes.