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Fuente: CincoDías.com

La deuda pública española representa actualmente un 66% del PIB, una cifra veinte puntos inferior a la media de la deuda pública de la zona euro, lo que siendo una variable importante no es la única a tener en cuenta y no explicaría la actual valoración de nuestra situación económica, aunque sí resulta más inquietante su rápido crecimiento en estos últimos años.

La realidad es que es la deuda privada, de familias y empresas, la que resulta claramente excesiva, estando casi cincuenta puntos por encima de la media de los citados países, si bien es verdad que ambas, pública y privada, actúan como vasos comunicantes a la hora de establecer las condiciones en las que les prestan a nuestras entidades financieras, lo que ha llevado a una restricción del crédito manifiesta.

La economía real necesita del crédito para funcionar adecuadamente y de la misma manera que si la savia no fluye desde las raíces hasta las ramas y las hojas, estas se secan, cuando el crédito no fluye del sistema financiero a la economía real, hacia las empresas y las familias, la actividad económica se estanca o incluso, decrece. Esta es la situación en la que se encuentra la economía española en estos momentos, en los que tanto las familias como las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen grandes dificultades para acceder al crédito, hasta el extremo de que muchas empresas perfectamente viables se ven abocadas al cierre, estranguladas por la falta de financiación.

Pero también la demanda de crédito es débil. En la banca existe desconfianza, la tasa de morosidad está por encima del 7% y esto hace que se endurezcan las condiciones para la concesión del crédito y parece que así va a continuar durante lo que queda de año, por lo que en estas condiciones la demanda de financiación se retrae. Entre las causas que explican esta situación hay que mencionar las malas perspectivas económicas, que como se preveía a la vuelta del verano, se han cumplido finalmente, elevando la dificultad para conseguir financiación en los mercados mayoristas. Esta caída de la actividad económica que se ha producido en el tercer trimestre puede ser el efecto de los recortes que se adoptaron antes del verano con el fin de reducir el déficit público.

En esta situación, las exigencias de Bruselas de aumentar la solvencia de la banca hasta el 9% en julio de 2012, no viene sino a echar leña al fuego, pues la opinión generalizada, tanto de la banca como de los empresarios, es que estas mayores exigencias de capital acabarán provocando una restricción aún mayor de crédito, especialmente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, lo que es evidente que influirá en una mayor contracción de la demanda y en definitiva, en el retraso de la recuperación de la economía española. Bruselas espera que la recapitalización contribuya a que la banca recupere la confianza y pueda volver a conceder créditos, mientras la banca, cajas de ahorro y empresas, piensan que las nuevas exigencias de capital se traducirán en una nueva retracción del crédito.

Sin duda el panorama es complejo y las líneas de solución también. La mejora financiera de los mercados internacionales es determinante para una salida rápida y satisfactoria de nuestra situación actual y por ello, el nuevo Gobierno que salga de las elecciones, deberá como iniciativa prioritaria, enmarcar cual es el estado exacto de nuestro sistema financiero y cuales son las líneas de actuación y los tiempos de sus iniciativas, porque solo con un horizonte interno despejado podremos gestionar adecuadamente cualquier mejoría de la coyuntura internacional. Aquí y ahora, solo la entereza política, la claridad de ideas y un consenso razonable, nos permitirá gestionar con éxito escenarios en principio nada propicios.

Valentí Pich Rosell. Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas