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Fuente: elmundo.es

La vivienda, un año más, ha sido una de las ´patatas calientes´ sobre la mesa del Defensor del Pueblo, que ha dirigido 534 recomendaciones y recordatorios de deberes legales a las administraciones durante 2011, un 20% más que 2010. Además, ha recibido un número similar de quejas individuales en un ejercicio marcado por la crisis económica.

La oficina que dirige la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, incide en que los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles, entre ellos, el paro, las prestaciones sociales, los problemas con las entidades bancarias y el acceso a la vivienda.

En este sentido, destaca las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio.

Además, ha formulado recomendaciones sobre las condiciones mínimas que deben tener las viviendas reservadas a personas con discapacidad; para que se implante una gestión más eficaz de desalojo de viviendas de titularidad pública ocupadas ilegalmente; o para que se cree un Registro Único de Demandantes de vivienda protegida.

Por otro lado, el Defensor ha continuado con la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o la Renta Básica de Emancipación (RBE). Además, ha abierto una investigación de oficio con las comunidades sobre la posibilidad de que haya miles de viviendas desocupadas.

De la misma forma, se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas al considerarse productos que no ofrecen una información adecuada sobre los riesgos que conllevan aunque sean legales. De hecho, la institución trabaja ahora en un informe sobre el sistema hipotecario español y otro sobre el catastro que se presentarán próximamente.

Finalmente, ha formulado recomendaciones para que las campañas publicitarias sobre ayudas a la vivienda incluyan una advertencia clara de las limitaciones previstas.