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Para abrir este mercado y aumentar la concurrencia, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo Portal de Subastas Judiciales Electrónicas, que permita el seguimiento y la participación en las subastas judiciales de todos aquellos que lo deseen a través de Internet.

Sin embargo, si la información gana, no lo hace tanto la intervención práctica de los ciudadanos en estas subastas, debido a que el proceso exige disponer de liquidez abundante.

Para poder pujar en una subasta judicial hay que depositar una finaza del 20 por ciento de la cantidad tipificada en la escritura de constitución de la hipoteca y que suele ser el valor de tasación, la cantidad que se pidió prestada o la suma de costes, intereses más principal, depende de cada caso y que no tiene porque coincidir con el valor de mercado del inmueble en la actualidad.

El postor puede realizara la puja que más le convenga, puesto que no está obligado a realizar una puja por un importe mínimo. La liquidez necesaria no se refiere solo a la fianza, puesto que, a los 20 días de haberse adjudicado el inmueble, debe pagar el resto del importe, plazo a todas luces muy corto para conseguir financiación, especialmente en la coyuntura actual, en la que el grifo del crédito permanece cerrado y no hay tiempo disponible ni para realizar la tasación. Conviene no olvidar que si quien se adjudica el inmueble no hace frente al total de la cantidad en el plazo previsto pierde la fianza.

 Como consecuencia, existe una falta de postores, que hace que el 90 por ciento de las subastas que se realizan queden desiertas, y terminen en manos de la entidad financiera que emprende la acción judicial, que se adjudica el inmueble por el 50 por ciento.