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Fuente: Real Estate Press, S.L.

Dicha ley solo contempla dos tipos de suelo: rural o urbanizado. Y, sin embargo, la antigua normativa establecía hasta cinco categorías, rústico, urbanizable no sectorizado y sectorizado y urbano no consolidado y consolidado. Por lo tanto, había que cuadrar esas cinco tipologías en solo dos.

El cambio fundamental que establece la Ley de 2007 consiste en que no pueden considerarse expectativas urbanísticas aquellas que no están plenamente realizadas".

Quiere esto decir que, mientras antes de 2007 cuando una Administración expropiaba un terreno, este se valoraba por lo que fuera a construirse sobre él en el futuro, con la nueva ley eso será ya imposible.

Pero si este régimen de valoraciones solo es aplicable a las expropiaciones, ¿por qué el sector se muestra preocupado por los terrenos en manos de bancos y cajas?

Como la ley fue redactada todavía en el fragor de la burbuja inmobiliaria, el anterior Gobierno quiso establecer una disposición transitoria encaminada a frenar la retención especulativa que solían hacer los promotores de sus suelos urbanizables.

Esta clase de terrenos podrían seguir siendo valorados como tales y no como suelo rústico si se edificaban dentro de los plazos establecidos por cada planeamiento municipal.

En el caso de que los ayuntamientos no establecieran plazos, debía ser de tres años desde la entrada en vigor de la ley. Pasados esos tres años, esos terrenos que se habían dejado sin edificar podrían ser expropiados y valorados entonces como tal.

Los tres años cumplieron en 2010, ya en plena crisis, y entonces promotores y banca presionaron para que esa disposición no entrara en vigor porque el quebranto contable que podría producirse en sus balances era muy importante y suelos sin desarrollar había en cantidades ingentes.

Después de dos prórrogas, el nuevo plazo cumple el próximo 30 de junio, por lo que a partir de julio todos los solares clasificados como urbanizables según la anterior ley que no hayan sido desarrollados tienen un riesgo cierto de expropiación y buena parte de ellos pertenecer hoy a la banca después de que numerosas promotoras hayan incurrido en procesos concursales o de quiebra.

Como a los tasadores se les exige en la actualidad en sus informes que especifiquen todos los valores posibles y certifiquen el más bajo posible, en sus informes a partir de esa fecha para suelos urbanizables que no se hayan desarrollado, el más bajo será el valor de expropiación, ya que existirá una posibilidad cierta de que sea adquirido por alguna Administración.

Por ello, si el actual Gobierno no vuelve a prorrogar esa disposición o, lo que reclama el sector, cambia la ley por completo, bancos y cajas pueden encontrarse con muchos suelos por los que dieron crédito que ahora valen una ínfima parte de la tasación que recibieron años atrás.

Entonces, las entidades tendrán que provisionar aún más dinero por la abultada depreciación de dichos terrenos. Nadie, ni promotores, ni tasadores, ni financieros, creen que Fomento vaya a permitir que eso ocurra.