La institución alicantina celebra el aumento de la dotación hasta los 7.000 millones de euros y el enfoque en construcción y rehabilitación, como no puede ser de otra forma, pero subraya que es necesario realizar cambios normativos como la reforma de la Ley de Vivienda o la Ley del Suelo

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante ha calificado como un paso importante la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La institución destaca especialmente el ambicioso despliegue de 7.000 millones de euros, lo que supone triplicar la dotación del proyecto anterior y demuestra una voluntad de abordar la crisis habitacional pero valora que será insuficiente dada la situación actual de falta de oferta, la demanda acumulada y las cantidades que los compradores tienen que destinar a la adquisición de vivienda. Los jóvenes no tienen capacidad de ahorro suficiente y el nuevo plan puede ser un entramado burocrático y de requisitos imposibles que impida que lleve al fin que parece predicar.

El nuevo marco es recibido con optimismo por centrar sus esfuerzos en tres pilares: construcción, rehabilitación y protección del parque residencial. No obstante, los profesionales del sector en Alicante advierten de que estas medidas económicas serán insuficientes si no van acompañadas de cambios normativos profundos que devuelvan la confianza al mercado y agilicen la creación de oferta.

Desde el Colegio API de Alicante insisten en que cualquier inversión pública se topa hoy con el muro de la actual Ley de Vivienda, a la que califican de “nefasta” para el mercado del alquiler. “Para que este plan sea efectivo, es imprescindible una reforma o derogación de los puntos más lesivos de la Ley de Vivienda que devuelva la seguridad jurídica a los propietarios”, sostiene la presidente de COAPI Alicante, Marifé Esteso. “Sin confianza, el arrendador privado seguirá retirando sus inmuebles del mercado, anulando el impacto positivo de las ayudas públicas”, indica.

Más allá del impulso a la vivienda pública, que es muy positivo, COAPI Alicante subraya que es vital fomentar también la construcción privada. Para ello, exigen una reforma profunda de la Ley del Suelo y una simplificación administrativa que elimine la asfixiante burocracia que retrasa años los desarrollos urbanísticos.

La institución destaca que, en zonas de alta demanda como Alicante, la escasez de parcelas edificables ha disparado el precio del suelo, un coste que repercute directamente en el bolsillo del ciudadano. “Es necesario liberalizar suelo para que éste se abarate. No podemos pretender bajar los precios de la vivienda si no facilitamos la generación de suelo finalista y reducimos los tiempos de espera burocráticos, que son un cuello de botella para la inversión privada”, concluye Esteso.

En definitiva, el Colegio API de Alicante valora el esfuerzo inversor del Gobierno y el blindaje de la vivienda protegida, pero recuerda que la solución al problema habitacional no es sólo una cuestión de fondos, sino de equilibrio legislativo. Solo mediante la unión de inversión pública, seguridad jurídica para el propietario y una gestión del suelo ágil y económica, se podrá garantizar un acceso real y asequible a la vivienda.