22 de Febrero de 2012
Fuente: elmundo.es
Descafeinada para unos, inocua y propagandística para otros, la mayoría de quienes se han pronunciado en torno a la medida pactada entre el Gobierno y la banca -la patronal bancaria avanzó ayer parte de la propuesta- en torno a la dación en pago opinan que, en las condiciones presentadas, la puerta abierta por en Gobierno al canje vivienda por hipoteca no cubrirá las necesidades de las familias hipotecadas en apuros y que los bancos no responderán a la ŽresponsabilidadŽ social que reclama el Ejecutivo.
El Gobiernoha propuesto a los bancos que se acojan a un ŽCódigo de Buena PrácticaŽ para aceptar la dación en pago en el caso de familias empobrecidas que no puedan pagar y tengan todos sus miembros en paro. La medida fue adelantada en parte ayer (y aplaudida) por la Asociación de Banca Española, que afirmó que vería con buenos ojosque la dación en pago pudiera ser una opción voluntaria por parte de las entidades.
Desde 2007, 335.000 hipotecados han perdido su casa en un juzgado por no poder pagar su hipoteca, según el CGPJ, pero no existen datos de cuántas viviendas han caído en manos de la banca vía dación en pago, muchas de ellas en manos de empresas. Para incentivar que la banca acepte esta fórmula para los casos de las familias pobres -en el “umbral de la exclusión”, ha dicho De Guindos-, las entidades financieras que voluntariamente firmen el protocolo de acción del Gobierno tendrán incentivos fiscales.
PSOE: Insuficiente
Las medidas hipotecarias de De Guindos “generan expectativas que no son ciertas y falsean la realidad”
Valeriano Gómez, portavoz del PSOE, ha calificado de “inconvenientes” e “insuficientes” dichas propuestas y ha pedido una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria -en el caso de familias en desempleo-. Además, Gómez sugiere que la dación en pago sea una alternativa obligatoria para las entidades financieras ŽrescatadasŽ, es decir, participadas por el Estado.
Durante la pasada legislatura, el PSOE y PP votaron en contra de la dación en pago en las diversas ocasiones que la propuesta fue votada a petición de partidos minoritarios.
Según Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid, las medidas hipotecarias que ha propuesto el Ministerio de Economía y Competitividad generan expectativas que no son ciertas y “falsean” la realidad. Para Ruiz, la propuesta es, directamente, “una mentira”, porque en realidad el Ejecutivo no va a legislar para evitar el desahucio de las familias, sino que va a elaborar un código ético con la pretensión de que la banca lo cumpla.
Evitar el lamentable espectáculo
Toxo pide al Gobierno que explore “la vía de moratorias o ayudas al pago de intereses”
En términos similares se ha expresado Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, la intención del Gobierno de pedir a la banca la dación en pago para las familias sin ingresos, pero considera que el Estado debería articular medios de apoyo a las personas para evitar que pierdan sus casas.
Toxo pide, además, que el gobierno explore “la vía de moratorias o ayudas al pago de intereses” para “buscar una fórmula que permita evitar este espectáculo lamentable al que estamos asistiendo cuando las personas se ven atrapadas para toda su vida” al adquirir una vivienda.
ŽGran ambigüedadŽ
Otro de los que no creen en la efectividad de la propuesta de De Guindos es el colectivo Adicae, cuyo presidente, Manuel Pardos, ha advertido al Gobierno de que su propuesta de permitir la dación en pago a las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro puede resultar un “fracaso” por las condiciones “draconianas” que se imponen.
Para Pardos, en la propuesta existe una “gran ambigüedad” y “errores de concepto”, pues el Gobierno se ha limitado a “las recomendaciones de la banca” y pidió que se aplique la moratoria de tres años, que la asociación viene reivindicando desde el año pasado.
Para la organización andaluza Facua, la dación en pago limitada que pretende impulsar el Gobierno es “extremadamente tímida” y debería dejar paso a “cambios regulatorios de envergadura” y a un “mayor control ante la vulneración de la normativa vigente por parte de la banca”.