06 de Marzo de 2012
Fuente: elmundo.es
Una nueva voz se alza en favor de la dación en pago. Esta vez, judicial. El fiscal del Tribunal Supremo (TS), Carlos Castresana, ha defendido la dación en pago, moratorias hipotecarias o que el Estado, como ha hecho con los bancos, acuda al rescate de las familias. Castresana critica que los impagos de hipoteca supongan a la vez el desahucio y el mantenimiento de la deuda.
Castresana ha lanzado estas propuestas en Barcelona, durante la conferencia que ha impartido para inaugurar el XXX Curso Anual de Derechos Humanos, convocado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Sus declaraciones se producen coincidiendo con el regreso de la dación en pago al Congreso de los Diputados, que volverá a pronunciarse sobre la polémica fórmula.
Según Castresana, la sociedad española actual está sufriendo una “recesión” no sólo económica, sino también en el “efectivo disfrute de algunos derechos fundamentales”. Todo ello, apunta, debido en parte a que los países pioneros en derechos humanos no pueden competir con países emergentes con menos derechos, entre los que ha citado a China, India, Brasil y Rusia.
En su conferencia, el fiscal del Tribunal Supremo se ha referido a las ejecuciones hipotecarias, que en los últimos años se han disparado al no poder pagar muchas familias la hipoteca y de esta forma se han quedado sin casa y con deudas.
Indica que a esta situación se ha llegado porque se equivocaron tanto las familias como los bancos
Según Castresana, a esta situación se ha llegado porque se equivocaron tanto las familias como los bancos, aunque a la hora de abordar la solución exclusivamente a través de las ejecuciones hipotecarias se da una “desigualdad sangrante”, ya que todo el peso recae en las familias.
El fiscal del TS ha remarcado que un contrato es ley entre las partes, pero siempre que las condiciones se mantengan. Por ello, considera que los contratos hipotecarios se podrían renegociar porque las condiciones en las que se firmaron han cambiado de forma sustancial, de forma que se podrían establecer moratorias para diferir en el tiempo los pagos pendientes.
Otra propuesta que ha planteado Castresana es la dación en pago para que las pérdidas sean asumidas igualmente por las familias (que se quedarían sin casa) y los bancos (que se quedarían sin el dinero pendiente de pagar).
También ha propuesto que el Estado, al igual que ha hecho con el sector bancario, acuda al rescate de las familias que no pueden pagar la hipoteca de forma que asuma ante las entidades financieras las deudas pendientes, que los afectados tendrían que devolver al erario público con el paso de los años.
Castresana ha subrayado que conviene que los ciudadanos se movilicen para defender estos derechos sociales utilizando los instrumentos del Estado de derecho.