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02 de Agosto de 2012

Fuente: CincoDías.com

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Las cifras de desempleo evolucionan a tal ritmo -la tasa de paro ha escalado ya al 24,66%- que los sucesivos paquetes de medidas puestos en marcha desde 2009 para contener la morosidad hipotecaria han servido de poco. Han sido diques poco efectivos para detener la oleada de desahucios, que en el primer trimestre de 2012 se incrementaron el 18,50%, mientras que las ejecuciones hipotecarias (el paso previo) se elevaron el 14,10%, según cifras del Consejo General del Poder Judicial. Estos procesos afectan mayoritariamente a viviendas, aunque no en su totalidad.

En 2009 el Gobierno aprobó una moratoria hipotecaria, para la que dotó al ICO con 6.000 millones de euros. Esta línea permitía el aplazamiento de cuotas hipotecarias de hasta 500 euros en préstamos inferiores a 170.000 euros. Fue una “iniciativa magnífica”, pero al establecer un techo de capital prestado tan bajo dejó fuera a la mayoría de hipotecados, explica Vicente María del Arenal, notario de Bilbao que ha dirigido esta semana un curso en la Universidad Menéndez Pelayo sobre el exceso de endeudamiento familiar.

En 2011 se elevó del 50% al 60% el valor mínimo de adjudicación del inmueble en la subasta y el porcentaje de ingresos no embargables a las familias, lo que tampoco parece haber tenido efectos en el primer trimestre de 2012. Las medidas más recientes las adoptó el Gobierno del PP en marzo con la aprobación del Código de Buenas Prácticas, que contempla la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro.

El Ministerio de Economía no hará un primer balance de los efectos del código hasta septiembre, pero subraya que las medidas puestas en marcha este año, a diferencia de las anteriores, sí incluyen mecanismos para comprobar su utilidad. “Los efectos van a ser mínimos”, comenta Del Arenal. El PSOE cifra en un 4% el número de familias con problemas que se podrá beneficiar de este código. Los expertos consultados consideran que tendrá un impacto limitado al tratarse de un código de adhesión voluntaria y restringe en exceso los supuestos en los que las familias pueden acogerse a medidas como la dación en pago. En el seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la Universidad Menéndez Pelayo, jueces, profesores y notarios han coincidido en la necesidad de una nueva regulación del endeudamiento de particulares y familias. Recuerdan que la reforma de Ley Concursal que entró en vigor el 1 de enero de 2012 establece en una disposición adicional un plazo máximo de seis meses dentro del cual el Gobierno debía remitir a las Cortes un informe sobre el impacto de las medidas en la protección de los deudores particulares. Entre las medidas sugeridas cabe la solución extrajudicial para familias insolventes, bien sean de carácter notarial, registral, de mediación u otro tipo. El catedrático de Civil Lorenzo Prats explicó en el seminario que la clave está en la regulación de los acuerdos preconcursales de refinanciación, similares a los de las empresas. El deudor que no puede pagar lo comunicaría al juzgado y abriría, previa constancia en un acta notarial, un periodo de negociación con el banco.

Figuras importables de Estados Unidos y Francia

Los expertos coinciden en que la Ley Concursal no da respuestas adecuadas a la insolvencia de los particulares, por lo que apuestan por estudiar la incorporación al ordenamiento jurídico español de figuras jurídicas que se emplean en el extranjero. La prioridad es, aseguran, darle una segunda oportunidad al deudor y evitar que el impago puede devenir con el tiempo en exclusión social.

Una de las opciones que se plantean son los acuerdos de refinanciación. En esta línea, en Francia existen los comités de renegociación de deudas en los distritos territoriales, cuya función es fomentar los acuerdos entres deudores y entidades financieras. Otra solución es el denominado fresh-start, vigente en Estados Unidos, que permite al deudor empezar de nuevo y aplazar temporalmente el pago de la deuda pendiente. Vicente del Arenal explica que en 2010 más de un millón de ciudadanos en EE UU pidió auxilio judicial porque tenían problemas para pagar sus deudas. El notario Ángel Serrano apuesta por una regulación con precisión del sobreendeudamiento particular para que los créditos hipotecarios sean más un traje a medida que productos al uso.

Además, a su juicio, habría que facilitar la agrupación de las deudas familiares y la refinanciación de los créditos antes de la entrada en concurso. Serrano apuesta por la mediación notarial con una tasación fidedigna de bienes y deudas que sirviera para una propuesta razonable de pagos.

Por otra parte, Del Arenal considera que la dación en pago “se está vendiendo como la panacea”, cuando tiene el efecto “perverso” de que el deudor se queda sin su vivienda a pesar de que se liquide el préstamo.

Las cifras

El número de desahucios se ha incrementado un 18,50% en el primer trimestre del año, hasta los 18.424 expedientes, según datos del Consejo del Poder Judicial. Las ejecuciones de préstamos hipotecarios, el paso previo al desahucio, se han incrementado el 14,10% en el mismo periodo.

El Gobierno aprobó en marzo un Código de Buenas Prácticas para que los bancos que se adhieran ofrezcan soluciones como la dación en pago a familias al borde la exclusión social.

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