El Colegio API de Alicante considera que la Ley de Vivienda ha sido nefasta para el mercado del alquiler

Desde su entrada en vigor en mayo, miles de viviendas han salido de este mercado, unas se han puesto a la venta y otras han pasado a alquiler turístico

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante considera que la Ley de Vivienda ha sido nefasta para el mercado del alquiler, del que han salido miles de viviendas en los últimos meses.

Marifé Esteso, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, asegura que esta Ley ha conseguido justo el efecto contrario al pretendido, en lugar de promover el alquiler, lo ha desincentivando.  “Con esta normativa se ha eliminado la seguridad jurídica del arrendador y eso ha supuesto que las personas que tenían un piso para alquilar hayan preferido venderlo o convertirlo en vivienda turística”, asegura. Esteso explica que las consecuencias no se han hecho esperar, se ha reducido de forma considerable la oferta de vivienda de alquiler y por consiguiente, los precios han seguido en ascenso libre en Alicante, cerrándose 2023 con una subida de un 16% con respecto a 2022.

La presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante recuerda que desde la institución ya avisaron de que la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, traería consecuencias negativas, como la limitación de la renta en determinadas zonas y el aumento de la prórroga de los desahucios para hogares vulnerables. En este sentido, apunta que hay propietarios más vulnerables que algunos inquilinos que, sin embargo, quedan completamente desprotegidos por esta Ley y apostilla que “la mayoría de los arrendadores son ciudadanos de clase media que sólo tienen una vivienda en alquiler, que usan como complemento de sus ingresos”.

Con respecto a que los gastos de gestión inmobiliaria corran a cargo del propietario pone de relieve que ha supuesto no sólo un mayor gasto para el arrendador, y por tanto una desmotivación más para alquilar, sino que además crea una mayor desprotección al inquilino “al entenderse la figura del profesional como un mandatario del arrendador, se deberá a la defensa de los intereses de éste. Lo mejor sería que el profesional sea un mediador, y asesore a ambas partes tanto en las actuaciones previas a la firma del contrato como a las posteriores que vayan surgiendo”, destaca Esteso, que añade que si finalmente el propietario se decide a alquilar repercutirá el gasto de gestión inmobiliaria en el precio del alquiler.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante recuerdan a las administraciones que pongan en marcha medidas que de verdad sirvan para incrementar la oferta de viviendas en alquiler.

Como conclusión, la presidente del Colegio de Alicante hace hincapié en que con la Ley de Vivienda se ha criminalizado a los propietarios en lugar de ofrecerles seguridad jurídica y esto conlleva que mientras esté en vigor, el mercado del alquiler siga sufriendo sus consecuencias.

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