14 de Noviembre de 2011
Fuente: CincoDías.com
En septiembre de 2008, la economía española entró en recesión tras registrar dos trimestres de crecimiento negativo. Con este hito se daba por finalizada una fase de quince años de crecimiento continuado, apoyada en el ingente aumento del crédito aportado por las entidades financieras tanto para empresas como a los hogares.
Especialmente significativo fue el incremento experimentado por el crédito a la vivienda. En enero de 2004, bancos y cajas de ahorro tenían comprometidos créditos para adquisición de vivienda por valor de 300.000 millones de euros. Esa cifra se duplicó en apenas cuatro años y dejó un endeudamiento hipotecario de las familias superior a los 650.000 millones a finales de 2008. En paralelo llegó el deterioro de la economía española, con un desplome sin precedentes de la actividad y un crecimiento brutal del desempleo hasta los 4,3 millones de personas y una tasa del 21,5%. El impacto en el crédito ha sido brutal: el concedido a hogares y a empresas ha retrocedido a niveles de 2008. El de las familias se ha situado en 880.000 millones de euros, mientras que el empresarial ha retrocedido hasta los 1,27 billones.
El deterioro económico ha llevado a muchas familias a dejar de pagar sus préstamos y que la morosidad se haya disparado, lo que fue utilizado por las entidades en primera instancia para justificar el cierre del grifo del crédito. Una cantidad ingente de inmuebles y de suelo ha pasado a los balances de los bancos, que ahora tienen que apechugar con activos que valen mucho menos por lo que los compraron.
A esa circunstancia se le ha unido la reestructuración del sistema financiero, que ha comprometido aún más la capacidad de los bancos para ofrecer créditos. En este escenario, ¿qué es lo que proponen los partidos políticos para tratar de reactivar los préstamos? Todas las formaciones coinciden en que es prioritario acelerar la reestructuración del sistema financiero para que los bancos vuelvan a dar crédito. Hasta que eso se produzca, las alternativas que proponen son diferentes.
Las formaciones minoritarias como CiU, PNV, IU o UPyD han enfocado sus críticas en el fracaso experimentado por la banca pública como alternativa al canal de financiación tradicional. La caída del crédito obligó al Ejecutivo, muy a su pesar, a utilizar al Instituto de Crédito Oficial para ofrecer la financiación a pymes y autónomos. Desde esa fecha, ese organismo ha puesto en marcha dos líneas de crédito directo (tradicionalmente intermedia entre los particulares y las entidades financieras), dotadas con 6.000 millones de euros. De ese dinero apenas se ha consumido el 20% por las elevadas garantías y comisiones exigidas. Por ese motivo, esas formaciones reclaman una transformación radical del ICO para que ofrezca crédito a pymes y autónomos. El PP centra también sus propuestas en la utilización de canales alternativos al público, como el capital riesgo o la colaboración público-privada, mientras que el PSOE lo fía todo a la reestructuración del sistema financiero.
En las propuestas electorales de IU también se exige un papel más relevante para las sociedades de garantía recíproca (SGR). Ligadas tradicionalmente a los gobiernos autonómicos se encargan de ofrecer créditos o avalar operaciones empresariales. La formación liderada por Cayo Lara pide que se ofrezcan créditos a todas las empresas que acudan con avales de esas sociedades. En los programas también se trata el problema de la dación en pago (la posibilidad de que el hipotecado entregue su casa para saldar la deuda), algo que no está contemplado en España. Así, UPyD propone que se incremente la oferta de créditos hipotecarios en los que se establezca la posibilidad de la dación en pago.
En ninguno de los programas electorales, sin embargo, se detalla de forma nítida soluciones para contrarrestar la falta de crédito a las empresas, en especial para las pequeñas y medianas. Todas las patronales remarcan que la mejor manera y la más rápida de solucionar ese problema sería cumplir con los plazos fijados en la nueva Ley de Morosidad y obligar a las administraciones públicas a devolver todo el dinero que adeudan a las empresas más pequeñas. Especialmente significativo es el volumen de deuda acumulado por los ayuntamientos, que algunas patronales elevan a 33.000 millones de euros.
Empresas y autónomos. El grifo bancario, cerrado
El grifo del crédito se mantuvo cerrado para las pymes en el tercer trimestre de este año. Más del 88% tuvo problemas para obtener un préstamo, según la encuesta trimestral que elaboran las Cámaras de Comercio y el ICO.
En el primer trimestre de 2009, fecha en la que se comenzó a elaborar esta estadística, el 81,2% de las pymes tuvo problemas para acceder a la financiación ajena. Diez trimestres después, ese porcentaje se ha elevado al 88,3%, el máximo de la serie histórica, dejando de relieve las dificultades para lograr préstamos.
Un buen indicador es que el número de empresas a las que se les deniega el crédito se ha mantenido estable en torno al 13%. En el tercer trimestre repuntó ligeramente hasta el 13,4%, lo que supone que fueron rechazadas las peticiones de 111.000 pymes.
Morosidad. El lastre del retraso en el pago
La nueva Ley de Morosidad establecía un plazo máximo de pago de 85 días para este año. El calendario fijado en el texto legal iba disminuyendo de forma progresiva hasta alcanzar los 60 días en 2013.
Los últimos informes avalan que aún se está lejos de llegar a los 85 días. De hecho, el 43% de las empresas españolas seguía cobrando en octubre a más de 85 días, lo que supone un incremento de diez puntos respecto a marzo, según el último observatorio de riesgo de crédito, elaborado por Crédito y Caución. Para su elaboración se han realizado cerca de 300 entrevistas con directivos. La gran mayoría cree que se seguirán incumpliendo los plazos. De hecho, un 74% cree que el texto legal ha tenido un impacto "poco significativo", mientras que un 14% cree que ha elevado sus necesidades de financiación.
