09 de Junio de 2011
Fuente: Real Estate Press,S.L.
La intención de los grupos es que este informe pueda estar cerrado antes de diciembre, e incluso en octubre, ya que la convocatoria de elecciones generales que el Gobierno prevé para marzo de 2012 les impediría culminar su tarea, de forma que se reunirán en junio y julio con la previsión incluso de celebrar al menos una reunión semanal, según fuentes parlamentarias.
Los grupos trabajan ya en la selección de expertos y representantes de organizaciones sociales, empresas y entidades financieras que convocarán a partir de la próxima semana para una serie de encuentros a puesta cerrada.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Vivienda y diputado de CiU, Pere Macías, ha remarcado su satisfacción con la aprobación de esta subcomisión y se ha comprometido a dar la máxima celeridad a los trabajos.
Los grupos de PP y ERC-IU-ICV, impulsores de la medida, pactaron, hace más de un mes con PSOE, CiU, PNV y las formaciones del Grupo Mixto, constituir este órgano y sólo faltaba una autorización formal del Pleno, que se ha retrasado un mes, por las elecciones autonómicas y municipales.
Solventado este trámite, la previsión es que la subcomisión finalice sus trabajos en el plazo de seis meses remitiendo el informe que elabore a la Comisión de Vivienda y al Pleno de la Cámara para su aprobación y presentación al Gobierno.
Entre ellas ha destacado la existencia de las conocidas como cláusulas suelo o la necesidad de revisar la regulación de las hipotecas de responsabilidad limitada, bajo la fórmula conocida como dación en pago.
Más crítico sobre esta cuestión se muestra el PSOE, máxime cuando la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha advertido del impacto de esta medida en la solvencia de las entidades financieras y, especialmente, las cajas de ahorro.
Aunque el enunciado de la subcomisión no alude explícitamente a la implantación de un sistema de dación en pago para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse sólo con la entrega de la vivienda, el resto de grupos también han expresado su intención de hacer que el debate "pivote" sobre esta cuestión.
Sin embargo, este clima de consenso no se ha impedido que el PSOE y las minorías de izquierda tumbaran también en el Pleno una proposición de ley del PP que pretendía volver a elevar hasta los 35 años el límite de edad de los arrendatarios de inmuebles que permite aplicar al arrendador la reducción del 100 por 100 de los rendimientos del capital inmobiliario a efectos de su tributación en el IRPF.
