LOS AGENTES INMOBILIARIOS PIDEN QUE LA NUEVA LEY DE VIVIENDA VASCA REGULE SU PROFESIÓN

07 de Noviembre de 2011

Fuente: noticiasdeguipuzcoa.com

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Donostia. Los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Euskadi han presentado una serie de alegaciones al proyecto de la nueva Ley de Vivienda vasca, que se encuentra en trámite parlamentario, con el fin de que se ponga fin a la desregulación de la profesión de intermediador de compraventa y alquiler de pisos, una situación que, según denuncian, ha motivado la presencia en el sector de personas que ejercen esa actividad sin contar con formación suficiente ni garantías de responsabilidad.

Según ha podido conocer este periódico, los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba -que aglutinan a cerca de 250 profesionales- quieren que el nuevo marco regulatorio del mercado de la vivienda en Euskadi, que hará especial hincapié en la de protección oficial, rectifique de alguna manera el escenario generado en la actividad de intermediación a raíz de un Real Decreto 4/2000 dictado por el Gobierno central. Con el objetivo de impulsar el sector inmobiliario, esa norma liberalizó la profesión y abrió la puerta a que cualquier persona pudiera dedicarse a la intermediación inmobiliaria al no requerirse titulación previa, ni ser obligatorio contar con un domicilio social, suscribirse a ningún seguro de responsabilidad civil o póliza alguna de caución.

La nueva Ley de Vivienda de Euskadi deberá respetar el marco general establecido en el citado real decreto pero los agentes inmobiliarios consideran que hay margen para que el Parlamento Vasco introduzca una regulación que acabe con lo que consideran un intrusismo que "perjudica principalmente a las personas que quieren vender un inmueble y a las que lo desean adquirir".

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, José Luis Polo, señala que "no hay problema en que los particulares realicen compraventas entre ellos, pero en lo que se refiere a la intermediación, debe estar reglada para garantizar que es ejercida por un profesional o empresa que conoce el proceso".

Polo recuerda que el borrador del proyecto de ley introduce regulaciones muy específicas en cuanto a cuestiones como la vivienda vacía, la rehabilitación de inmuebles o la inspección técnica de edificios de más de 50 años que, señala, "van a exigir de los agentes que intervienen en el mercado conocer todas las circunstancias y especificaciones, algo que los API dominan".

"inflación indirecta" El representante de los API en Gipuzkoa afirma que, entre otras circunstancias, la burbuja inmobiliaria fue también provocada por la presencia en el mercado de intermediadores no profesionales. "La liberalización de la profesión hizo que una gran cantidad de personas se pusieran a vender inmuebles ofreciendo valoraciones altas con el objetivo de captar clientes", critica Polo. El presidente del colegio guipuzcoano añade que "técnicos que se arrogaban unos conocimientos que no poseían produjeron una inflación indirecta, efectuando una valoración de los pisos más alta que la real para atraer así a los particulares".

Polo lamenta que "las inmobiliarias que prestan una labor de mediación y un servicio integral se encuentran en desventaja respecto a los agentes que operan sin estructura" y ejemplifica que "si nosotros vendemos tres casas, la facturación por dos de ellas se dirige a mantener el empleo y cubrir los gastos del negocio, mientras que para los intermediadores no profesionales, que solo utilizan un teléfono móvil, el dinero obtenido por las tres operaciones es todo beneficio". Es por ello que inmobiliarias con gran estructura están teniendo mayores problemas para continuar su actividad durante la actual crisis del sector.

Con la finalidad también de ganar en presencia de cara a que se tengan en cuenta sus reivindicaciones sobre la regulación de la actividad de intermediación inmobiliaria, los tres colegios de agentes de Euskadi van a crear el Consejo Vasco de API. El proyecto fue presentado hace cerca de dos años al Gobierno Vasco y las inmobiliarias confían en que a corto plazo se pueda poner en marcha esta iniciativa.

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